Rechazan espionaje a políticos y periodistas

El presidente del Consejo de Ministros y los titulares de Defensa e Interior, se presentaron ayer, sorpresivamente, en una conferencia de prensa, y rechazaron supuestos actos de reglaje y espionaje telefónico que se estarían realizando contra periodistas, políticos independientes o de oposición.
Juan Jiménez Mayor, Pedro Cateriano y Wilfredo Pedraza, señalaron los decires de los dirigentes apristas carecían de valor moral por haber realizado las prácticas denunciadas en los dos gobiernos de Alan García.
Pidieron a la lideresa del PPC, Lourdes Flores, presentar supuestas pruebas, pero ella comentó que sus expresiones solo estuvieron referidas al deseo de pedir explicaciones, y que no tenía pruebas.
El exministro del Interior, Fernando Rospigliosi y el congresista Mauricio Mulder demandaron una explicación al aumento presupuestal a la Dirección Nacional de Inteligencia.

Durante 29 años tendrá la administración

El presidente del directorio de Sedapar, James Fernández Salguero, reveló ayer que la Sociedad Minera Cerro Verde construirá la planta de La Enlozada, para aguas residuales y la manejará durante 29 años.
Fernández Salguero estimó que será necesaria una inversión de 944 millones de soles, que se hará durante dos años, y que después Cerro Verde continuará asumiendo la operación y mantenimiento de la planta de tratamiento.
En ese lapso, Sedapar se ocupará de la operación y mantenimiento del sistema de colección de residuos y del relleno de seguridad.
Cerro Verde no pagará por el metro cúbico de agua y utilizará durante todo ese tiempo y que representa 900 millones de metros cúbicos.
Cuatro parlamentarios arequipeños estuvieron presentes en la lectura del informe, que se realizó también a los integrantes del Consejo Regional de Arequipa.
Señaló que uno de los motivos por lo que se han visto precisados, a la formalización del convenio, es la imposibilidad de contratar y pagar a 120 técnicos para operar la planta.

Cristian Salas, procurador anticorrupción adjunto, explicó que el pedido comprende los años anteriores al gobierno de Toledo, quien gobernó el país entre 2001 y 2006.

“Es importante conocer con qué patrimonio ingresó a la función pública, no basta con conocer qué es lo que ingresó cuando era funcionario. Esto permitirá ver si hubo un desbalance”, manifestó en RPP.

Según dijo, el levantamiento del secreto bancario fue planteado junto con el inicio de una investigación preliminar.

Salas expresó su confianza en que la Fiscalía acepte el pedido y no lo rechace como en el caso del exmandatario Alan García (2006-2011).

Respecto a esto último, el procurador adjunto sostuvo que  presentaron una reconsideración ante el Ministerio Público, a fin de que se levante el secreto bancario de García Pérez desde el año 1998.

“Esa es la forma de llevar los casos, sino terminamos con investigaciones sesgadas y con poca información”, añadió.
La carrera política del expresidente Alejandro Toledo Manrique no se verá afectada por la denuncia de la compra de un inmueble hecha por una empresa vinculada a su suegra, sostuvo el secretario general de Perú Posible, Luis Thais.
“Confiamos en que el caso se aclarará y que no afectará su carrera política”, declaró a la Agencia Andina tras confirmar que el exmandatario se pronunciará hoy sobre el caso a través de un medio de comunicación nacional.

Sostuvo que Toledo Manrique no se había pronunciado antes por respeto a la reserva de un proceso que estaba siendo visto por la Procuraduría de Lavado de Activos, pero que ahora lo hará ante las informaciones que se han vertido en el programa Panorama.

Para Thais, los documentos mostrados por el citado programa periodístico dominical respecto al tema fueron filtrados por la referida procuraduría.
 
“Esa información la tenían en su poder desde hace casi tres semanas, eso no era nada nuevo, lo nuevo es que se han filtrado, siendo un proceso confidencial y reservado”, advirtió el dirigente político.

Según refirió, las filtraciones de este y otros documentos habían sido advertidas con anterioridad, por lo que plantearon una queja.

El programa Panorama reveló anoche que la empresa Ecoteva Consulting Grupo fue creada en Costa Rica para comprar la casa y la oficina de la suegra del expresidente Toledo, Eva Fernenbug, por un valor cercano a los cinco millones de dólares.

Cristian Salas, procurador anticorrupción adjunto, confirmó que hoy solicitaron al Ministerio Público que investigue a Toledo Manrique sobre dicho caso y se levante     su secreto bancario.

La ley contra la comida chatarra aún no goza de la aceptación de algunos sectores. Congresista Lescano pedirá revisión de la norma, mientras que el cardenal Cipriani opinó que no se puede prohibir el tipo de alimento a consumir.

Con el fin de que la promulgada Ley de Promoción de Alimentación Saludable, mejor conocida como ley contra la comida chatarra, sea revisada y corregida, el parlamentario Yonhy Lescano (Acción Popular – Frente Amplio) impulsará un dictamen en minoría.
Según puntualizó el legislador, la norma en cuestión “no va a resolver los problemas de obesidad en niños y adolescentes”. Además sostuvo que “un gran volumen de comida chatarra ha quedado desprotegido”.
Asimismo, Lescano señaló que Indecopi y el Ministerio de Salud debieron fiscalizar la publicidad dirigida a menores, pues la Ley de Defensa del Consumidor ya establecía que esta sea regulada.
“Se debió hacer cumplir la ley y evitar así una propaganda engañosa en los medios de comunicación. Esto ya estaba regulado en el código de Defensa del Consumidor. Aquí se ha repetido una ley y no se están solucionando los problemas reales”, dijo en RPP.
En tanto, refirió que todo se ha focalizado en los quioscos cuando son cadenas y tiendas las “grandes vendedoras de comida chatarra”. Así, consideró que sobre ello “no se ha dicho una sola palabra”.
“Por ahí no va la solución, se está tratando de matar moscas con un cañón (…) Es posible revisar la ley, una ley es derogada por otra ley”, subrayó.

NO COME COMIDA CHATARRA
El arzobispo de Lima, cardenal Juan Luis Cipriani Thorne,  se mostró en contra de que a las personas se les “imponga” qué pueden o no pueden comer, en alusión a la controvertida Ley de Promoción de la Alimentación Saludable para Niños, Niñas y Adolescentes.
“Hace mucho tiempo que no como comida chatarra. Creo que mucha de esa comida hace daño, pero que me impongan y que me impidan (comer)… Señores, hay tantos temas”, expresó en su programa Diálogo de Fe que se transmite por RPP Noticias.
Al referirse al debate generado por la denominada Ley contra la Comida Chatarra, saludó que los padres de familia reconozcan que son los responsables en la educación de sus hijos, y de que ellos practiquen una alimentación saludable.
“Muchos han salido a discutir por qué el Estado le tiene que decir a sus hijos qué debe o no debe comer, por qué deben decirle qué es lo mejor o lo peor cuando es una tarea de los padres de familia. Gracias a Dios que se han dado cuenta que hay tantas tareas de los padres de familia, que si no son responsables dejan un vacío, que es tomado por el Estado, un delincuente, un violador, una barra brava o un drogadicto”, expresó.
“Los padres de familia tienen un rol, han traído una vida al mundo para algo. No puede seguir habiendo ese vacío en el rol de la familia, en las decisiones educativas, políticas, económicas. Es la familia el centro y el núcleo”, enfatizó.