EDITORIAL – EL DIALOGO DE SORDOS

mayo 23 | Posted by webadmin2000 | Opinión

La sordera está haciendo presa de autoridades locales empeñados en no escuchar no solo las críticas sinó los deseos colectivos de buscar entendimientos que devuelvan a la normalidad la ciudad y posibiliten progreso y desarrollo sin violentar el ordenamiento vigente e incluso la consideración internacional.
La Cámara de Comercio e Industria fue la primera en expresar la desazón
de los empresarios, y el Ministerio de Cultura, el mas insistente en defendernos del riesgo de dañar la imagen de ciudad Patrimonio Cultural de la Humanidad.
Los medios de comunicación tampoco callaron y la Defensoría del Pueblo intentó una mediación sin suerte.
A lo que ya puede considerarse un clamor colectivo, se han sumado ahora las universidades de Arequipa, aquellas que han ofrecido su concurso técnico y también su deseo de colaborar en los planes de desarrollo de la región y de la capital provincial.
No es posible, entonces, que la falta de consideración y la sordera sean la respuesta de las autoridades municipales a lo que debe ser un esclarecimiento pleno de que no se está atentando contra el bien común, ni cometiendo desatinos en obras que ahora la municipalidad considera imprescindibles y objetadas hasta por la Superintendencia del Centro Histórico, que es un organismo municipal, creado como ente consultor en los acuerdos de la ciudad, con la Unesco, para proteger lo que ya es un Patrimonio Cultural del Mundo.
Se ha llegado al extremo de obligar a intervenir al Ministerio Público, ante la eventual posibilidad de que se esté cometiendo delito, en obras como la iniciada en la antigua estación de los Ferrocarriles del Sur, y en el balneario de Tingo.
No creemos que todos estén equivocados en las demandas de rectificación y es de suponer, por el contrario que hay que hacer algo, para resolver un divorcio entre la opinión de los entendidos y la terquedad con que se tratan los temas que son objeto de polémica pública.

Los asuntos que provocan discusión colectiva, deben ser objeto de esclarecimiento, si el municipio tiene la razón deben convencer y no simplemente imponer.

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